Acapulco debe recibir beneficios de mineras

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Piden a la Secretaría de Hacienda la parte que le corresponde al municipio por el cobro de derechos sobre la explotación de metales


ACAPULCO.- El notario público Miguel García Maldonado sugirió a la Presidenta municipal de Acapulco requerirle a la Secretaría de Hacienda la parte que le corresponde a este puerto por el cobro de derechos sobre la explotación de metales que hacen 28 empresas mineras en algunas comunidades y que es del cuatro por ciento, a partir de enero de 2015, luego de aprobarse ese cobro que hace la Federación y dijo que el fondo minero creado posteriormente por la Sedatu es inconstitucional.

Recordó que en 2014 se publicó una modificación a la Ley Federal de Derechos, en el rubro de la explotación de metales preciosos, oro, plata y cobre, ordenando que se aplique el 7.5 por ciento de impuesto a las mineras, sobre sus ganancias anuales, del cual el Congreso de la Unión determinó que el cuatro por ciento debe entregarse a los municipios donde haya minas, el tres por ciento a los estados mineros con el fin de impulsar el desarrollo de sus comunidades y el .5 por ciento para la Federación.

Tras esa modificación a la ley mencionada, las empresas mineras solicitaron un amparo cuyo trámite se prolongó durante todo 2014, hasta que finalmente la Corte confirmó el pago de ese derecho, negándoles el amparo de la justicia federal a las empresas y entrando en vigor dicho cobro en enero de 2015.

Posteriormente, en febrero de ese año, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) crea lo que se denominó Fondo Minero, a través de un decreto del Poder Ejecutivo que no tuvo la intervención del Legislativo, “por lo tanto no tiene el rango de ley, erigiéndose la Sedatu como la administradora del fondo, con sus reglas, filtrando los recursos que no entregan a quienes deben beneficiar”, subrayó García Maldonado.

Reiteró el notario público que ese fondo es inconstitucional y, por lo tanto, el Gobierno municipal puede hacer uso del recurso de inconstitucionalidad, ampararse y llegar hasta la controversia constitucional, porque no obstante que hay empresas mineras trabajando dentro del municipio, no recibe ingreso alguno por ese rubro “y son varios miles de millones de pesos”.

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