CAPAMA, el agua turbia

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La crisis por falta de agua en Acapulco no solamente está afectando a los miles de ciudadanos, sino también ha dejado entrever una cadena larga de corrupción y saqueos por parte de las administraciones y los propios gobiernos municipales en turno.

En estos momentos, el 75 por ciento de los hogares de la ciudad cuenta con el vital líquido gracias a que el Gobierno del Estado pagó casi 13 millones de pesos para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableciera el servicio de energía eléctrica a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).

Para nadie es un secreto que la CAPAMA ha servido como caja chica de las administraciones municipales. Muestra de ello es que ahora la Auditoría Superior del Estado está exigiendo la devolución de 138 millones de pesos a tres exfuncionarios de la paramunicipal que operaron durante la administración de Evodio Velázquez Aguirre, ya que se comprobó que incurrieron en daño patrimonial, por lo que deben acatar la resolución.

Los actores señalados por la ASE fueron Javier Chona Gutiérrez, en su calidad de exdirector general; Guillermo Adolfo Galeana Salas, exdirector de Administración y Finanzas, y Juan Antonio Ramírez Valle, exdirector de Operación de la paramunicipal. Y se debe precisar que este monto requerido solamente es del periodo 2016, de modo que aún falta evaluar 2017 y 2018.

Ya es hora de que los tres órdenes de gobierno establezcan un mecanismo para colocar candados en la CAPAMA y logren impedir que lleguen funcionarios que solamente saqueen las arcas de la dependencia y no resuelvan el grave problema de la falta de agua en la ciudad.

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