CAPAMA

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La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulo ha sido el espacio administrativo donde llegan las amistades, familiares de algunos funcionarios en turno del Ayuntamiento. El exdirector de la CAPAMA, Mario Pintos Soberanis, informó que esa institución cuenta con mil 900 trabajadores. Pintos ya había sido directivo en administraciones priistas y era tan reconocido su trabajo que se le llegó a considerar candidato a la Presidencia municipal.

Estoy hablando de principios de la década de los 80 del siglo pasado. La declaración de la cantidad de empleados la hizo cuando regresó a dirigir la CAPAMA durante el gobierno de Morena. Hasta donde se sabe, Pintos renunció porque comenzó a engrosar la nómina. Siempre ha sostenido que el mayor daño que le hacen a las oficinas de gobierno es la contratación indiscriminada. Parece que hoy le dan la razón a Mario Pintos.

Desde 2017, comenzó una depuración en la CAPAMA. Despidieron, en ese entonces, a 250 trabajadores; muchos de ellos, de confianza. En estos días, están cancelando el trabajo a 500, según notas periodísticas. Otros datos indican que fueron 300. ¡Vaya que son demasiados los despedidos! La advertencia de la enorme cantidad de empleados y su consecuencia, el recorte, se realizaron en enero de este año.

Les dejaron de pagar su salario a 500 personas. Era insoportable la cantidad de recursos destinados a salarios. El gobierno de Morena continuó con la contratación de personal sin ninguna experiencia y, al igual que gobiernos anteriores, ingresaron en la CAPAMA amigos, familiares y recomendados. Las deudas ahogaron a la paramunicipal y fueron orillados a despedir a 500 o 300 personas. Uno supone que son de confianza y, dada la historia de demandas por despido injustificado, es de esperarse que muchos de estos trabajadores empleen la vía jurídica para “ganar el caso”.

Al tomar en consideración la cantidad de trabajadores que anunció Pintos y al compararla con la dimensión de despedidos, nos arroja la conclusión de que están desempleando al 25 por ciento; es decir, a un cuarto de trabajadores. Y eso se traduce en demasiadas familias.

La consecuencia en el ámbito político podría ser en votos negativos para Morena. En lo positivo, que haya una mejor administración y la distribución del agua sea equitativa.

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