Un congreso sin progreso

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Antonio López de Santa Anna clausuró el Congreso mexicano en dos ocasiones. La primera vez cerró sus puertas con el siguiente argumento: “con este congreso, no esperemos progreso”. Años antes del estallido de la guerra en contra de Estados Unidos, el pintoresco dictador veracruzano volvió por sus fueros a impedir las deliberaciones en el son del Poder Legislativo con la siguiente razón: “señores, sus servicios ya no son necesarios para la nación”.

No intento desarrollar una tesis política en este espacio en torno al papel histórico desempeñado del Poder Legislativo en el contexto de la evolución política de nuestro país —en mi obra de casi 30 libros se pueden encontrar algunas respuestas en relación a este tema—. Basta con mencionar que la actual Legislatura en nada se diferencia en materia de vergonzosa dependencia y absoluta obsecuencia a la de Miguel Alemán, a la de Gustavo Díaz Ordaz o a cualquiera de las pertenecientes a la dictadura perfecta de las patéticas siete décadas de duración.

Es difícil olvidar el texto con el que comienza la mejor obra de John Womack, “Zapata y la Revolución mexicana”: “Esta es la historia de unos campesinos que hicieron una revolución para que todo siguiera igual”. Me apresuró a parafrasear al maestro estadounidense tomando en cuenta el desarrollo incipiente de la presente administración: “esta es la historia de unos políticos de supuesta izquierda que propusieron la cuarta transformación para que todo siguiera igual o mucho peor”.

Durante lo ocurrido en el manicomio de San Lázaro, cuando surgieron las propuestas para echar mano de las afores, de los ahorros de los trabajadores mexicanos a fin de garantizar su retiro digno o cuando se intentó disponer en términos suicidas de las reservas monetarias internacionales del Banco de México, etcétera, llamó poderosamente mi atención que las iniciativas legales mostraban no solo una temeraria ignorancia en relación a las necesidades del México moderno, sino un alarmante desprecio en torno a las instituciones nacionales. El nombramiento del nuevo fiscal general de la República confirmó una vez más mi deseo de convertirme únicamente en mis novelas en un nuevo Santa Anna para largar a los diputados a sus casas con el argumento de que sus servicios ya no son necesarios para la nación.

No dejo de preguntarme cómo hubiera evolucionado en México el sistema de impartición de justicia si Peña Nieto hubiera aprovechado el mismo capital político con el que contó para ejecutar las reformas estructurales y nombrar a un fiscal general autónomo e independiente transexenal surgido de las filas de la sociedad mexicana en lugar de encabezar una pandilla que desprestigió por completo su administración con las consecuencias conocidas por todos.

No se trata de analizar las calificaciones profesionales y académicas (Gertz Manero, démosle un voto de confianza) para ocupar un cargo tan trascendente, sino de criticar la oportunidad perdida por López Obrador y por el Congreso mexicano para empezar a construir un Estado de derecho en un país donde el 98 por ciento de los delitos cometidos no se persiguen ni se castigan y donde los políticos pueden desfalcar impunemente el tesoro público y exhibir su riqueza mal habida sin resentir la menor consecuencia por los delitos cometidos.

Si la bandera electoral de AMLO fue la erradicación de la corrupción, si el electorado volvía a levantar la voz con una sola demanda: ¡justicia, justicia, justicia!, entonces, el presidente la República volvió a traicionar sus promesas de campaña desde que ignoró a la sociedad civil y a sus organizaciones, quienes exigían el nombramiento de un fiscal autónomo, absolutamente independiente, para poder encarcelar desde el mismísimo jefe de la nación hasta un humilde empleado de correos, tal y como ya acontece en Brasil, en Perú y en la propia Guatemala, entre otros países que disfrutan las ventajas de la convivencia civilizada en un Estado de derecho.

No se puede politizar la impartición justicia ni se puede aplicar de acuerdo con los estados de ánimo e intereses personales del presidente de la República, ni debe ser partidaria ni mucho menos parcial ni expuesta a presiones políticas; se trata de garantizar la certeza a la hora de la aplicación indiscriminada de la ley, objetivo prioritario ignorado por AMLO desde que no respetó la sonora petición de la sociedad representada, en buena parte, por medio de 300 organizaciones civiles comprometidas en la construcción de un Estado de derecho, que el presidente desprecia desde que mandó al “diablo a las instituciones” de la República.

En Brasil, el fiscal general es independiente y la Policía Federal es autónoma, al igual que el Ministerio Público, que es una rama separada del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; tan es cierto que Lula está en la cárcel. En Perú, la designación se hace por medio de los fiscales supremos sin la intervención del presidente de la República ni del Congreso, un mecanismo exitoso que permitió encarcelar a Fujimori, a Humala y que persigue a Alan García y a Toledo. En Chile, las propuestas se hacen por medio de la Suprema Corte a través de un concurso público con la designación del presidente y de dos tercios del Senado: más amarres, imposible.

Mientras tanto, en México, la cuarta transformación cambia todo para que las cosas sigan igual o mucho peor, porque el nuevo fiscal, sea quien sea, dependerá políticamente de AMLO, quien podrá nombrar y remover al fiscal de asuntos electorales y al encargado de anticorrupción de acuerdo con sus intereses y estado de ánimo, con lo que se comprueba la tesis de Cantinflas, el mejor filósofo mexicano de todos los tiempos: en México, nunca pasa nada hasta que pasa, y cuando pasa, todos decimos, pues sí, claro, tenía que pasar.

Los neoporfiristas pierden más credibilidad cada día por un contagioso problema cantinflesco de “falta de ignorancia”. Con este congreso, no esperemos progreso, sus servicios son perjudiciales para la nación.

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