Derechos Humanos pide reparar daño por violencia escolar en 3 entidades

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Este organismo estimó necesario poner acento en la formulación de políticas institucionales para abatir los casos de violencia escolar


México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades educativas federales y locales, y al gobierno de Tabasco, por constatar que se cometió violencia escolar, entre otros agravios, contra 20 estudiantes menores de edad en 20 escuelas de educación básica, públicas y privadas.

En un comunicado, este organismo estimó necesario poner acento en la formulación de políticas institucionales para abatir los casos de violencia escolar bajo esquemas de prevención, atención, rehabilitación y erradicación, ya que ninguna expresión de violencia contra niñas, niños y adolescentes puede ni debe ser tolerada.

La CNDH dirigió la recomendación 86/2018 a las secretarías de Educación Pública (SEP) y de la Función Pública (SFP), a la presidencia de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), y al gobierno de Tabasco.

Lo anterior, por casos de violencia física, sexual, psicológica, o por negligencia u omisión, durante 2013 y 2014, en agravio de 20 estudiantes menores de edad en 10 escuelas de educación básica, públicas y privadas, ubicadas en los estados de Hidalgo, Tabasco y Ciudad de México.

La comisión acreditó que, con esos hechos y actos, hubo violaciones a los derechos humanos al trato digno, la integridad y seguridad personal, a una vida libre de violencia, a la educación,  sano desarrollo integral y acceso a la justicia y a un recurso efectivo por la omisión del deber de cuidado e inobservancia del interés superior de la niñez en agravio de nueve niñas, siete niños y cuatro adolescentes.

En la recomendación, que ya fue notificada, la CNDH pide al titular de la SEP que se proceda a la reparación del daño ocasionado a los afectados directos e indirectos, en términos de la Ley General de Víctimas, y a su inscripción en el Registro Nacional, a fin de que tengan acceso a los beneficios que conforme a derecho les corresponden.

Así como realizar un estudio y diagnóstico sobre la violencia en los planteles de educación básica del Estado y particulares con autorización y/o reconocimiento de validez de estudios, el cual deberá ser tomado en cuenta para la elaboración de un programa nacional de prevención, atención y erradicación de la violencia escolar, mismos que deberán ser difundidos y evaluados periódicamente.

Se informó que los hechos violatorios ocurrieron en diversas fechas, en planteles de diferentes niveles educativos, ubicados en distintas demarcaciones: tres preescolares privados, cuatro escuelas primarias y una secundaria públicas de la Ciudad de México; un preescolar comunitario del Conafe en Hidalgo, y una secundaria pública en Tabasco.

En algunos casos se acreditó violencia escolar ejercida por docentes y/o autoridades escolares en contra de los menores, y en otros se observó violencia entre los mismos alumnos. Al no existir una supervisión adecuada por parte de los docentes, las agresiones se incrementaron.

En ocasiones, los actos de violencia fueron disfrazados como juegos, bromas o cariños, lo que cobra relevancia, pues las personas menores de edad, víctimas de las agresiones, podrían no reconocer esos actos como ataques, o bien ocultarlos por temor y vergüenza, así como debido a la frecuente falta de credibilidad, descalificaciones, y ejercicio arbitrario de la autoridad.

También por la falta de cuidado o indiferencia por parte de docentes y directivos cuando se denuncia, lo que genera a su vez exclusión social y revictimización.

Las agresiones ocurrieron en las instalaciones educativas, en horarios escolares, cuando los alumnos se encontraban sin vigilancia ni supervisión escolar o educativas  pese a la regla general de que en las escuelas de educación básica por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia los alumnos deben quedar solos.

En todos los casos existían condiciones de riesgo que propiciaban la presencia de violencia escolar, como infraestructura inadecuada, falta de supervisión o vigilancia, bajo perfil profesional e idoneidad del personal docente.

Además de que posterior a los hechos no se actuó con la oportunidad, calidad y calidez necesaria para atender a las personas violentadas.

Las autoridades fueron negligentes y omisas en la investigación y atención de las personas afectadas, antes, durante y después de los hechos violentos.

La CNDH solicita coadyuvar en el trámite y seguimiento de las quejas que se presenten ante los órganos de vigilancia y/o internos de control en contra de los  servidores públicos involucrados en estos hechos, así como elaborar, desarrollar y ejecutar un programa permanente de actividades de educación, capacitación y difusión en materia de derechos humanos.

Propone la adecuación del servicio educativo en el que se realicen revisiones en los centros escolares, con el objetivo de asegurar que las instalaciones sean adecuadas para que las niñas, niños y adolescentes.

Solicita a la SFP que coadyuve con la CNDH en el trámite y seguimiento de las quejas que presente en contra de los servidores públicos involucrados.

También llama a diseñar e impartir un curso integral al personal en el Conafe, sobre capacitación y derechos humanos, de acceso a la justicia en sede administrativa y el deber de investigar con debida diligencia la violencia.

Al gobernador de Tabasco le solicita proceder a la reparación del daño a una de las víctimas y a los afectados indirectos de otro agraviado, diseñar e impartir en el plazo de tres meses  un curso de capacitación y sensibilización al personal de la Secretaría de Educación del estado sobre los efectos que causa la violencia.

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