El caso Ayotzinapa, el fiscal y la policía

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En la ciudad de México se daba a conocer la designación de quien encabezará las nuevas investigaciones del caso Ayotzinapa, y en Acapulco se informaba que persistía la infiltración del crimen organizado en la policía municipal. Es la historia de dos hechos relacionados y en los que parece un laberinto sin salida en este país en el que se parece que nada enseñan los daños.

Los condenables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en donde se cometieron asesinatos y se desaparecieron a 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa; que metió en una crisis sin precedentes a México con repercusiones internacionales, participaron policías municipales que trabajaban no para la seguridad de la ciudad sino para grupos delictivos, en los que también participaba el presidente municipal José Luis Abarca.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo que instala la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, que dependerá de la Fiscalía General de la República, y la cual dirigirá Omar Gómez Trejo, quien fuera secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que echó abajo la verdad histórica, como se conoció a los resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el caso de Acapulco, el almirante Francisco Lima López, comandante de la Octava Región Naval de la Secretaría de Marina (Semar), declaró que hay 500 policías municipales que no pasaron el examen de control y confianza, y además reconoció que el crimen está infiltrado en esa corporación. De acuerdo a la nota publicada por Novedades Acapulco, el mando de la Marina aseguró que se tienen vigilados, debido a que no se pueden dar de baja por la falta de dinero de la administración municipal. Aunque también advirtió que las policías ciudadanas también están infiltrados.

En tanto que la presidenta Adela Román Ocampo en respuesta a la declaración del almirante Lima López, evadió la responsabilidad y señaló que forma parte de las funciones de la síndica Leticia Castro.

Sin embargo, si algo queda claro en este asunto, es que los daños causados por el mismo tema en Iguala en 2014, no se han aprendido. La mayor parte de los personajes están vigentes, algunos con cargos y otros sin él, pero aunque las repercusiones de los hechos ligados a la desaparición de los estudiantes no son ponderados aquí, y por lo tanto significa un problema latente en el municipio.

En Iguala se dio el ataque, la muerte y desaparición de las personas la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, se dio por el involucramiento de la policía con el crimen organizado, la presencia -con omisión o comisión- de efectivos del Ejército, fue un coctel explosivo que todavía ahora es una herida abierta.

En el escenario que se pinta ahora por las declaraciones del almirante Lima López y de la presidenta municipal Román Ocampo, prácticamente se pinta un mismo escenario, por lo tanto es una bomba de tiempo; pero al final saben que lo único que se tiene que perder es el empleo.

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