El fuero presidencial

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Julio César Hernández Martínez

Una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue el de promover la eliminación del llamado “fuero presidencial”.

Hace unos días la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa de reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución de nuestro país. Previamente lo había hecho la Cámara de Diputados. Ahora conforme al procedimiento de reforma constitucional deberá ser aprobado por 17 legislaturas locales.

Desde su origen colonial, los fueros en México están vinculados con privilegios corporativos: los militares, los eclesiásticos, los mineros, comerciantes y los universitarios. Como afirma el investigador José Luis Soberanis Fernández, todos ellos implicaban “un régimen jurídico especial que, a manera de privilegio, se otorgaba a un grupo de personas integrantes de una corporación o entidad pública que desarrollaban una misma actividad que interesaba de modo especial a la Corona”
El fuero consiste en la imposibilidad de poner en actividad el órgano jurisdiccional, local o federal, para que desarrolle sus funciones en contra de quién esta investido del carácter de servidor público de los descritos actualmente por el del artículo 111 constitucional, el cual establece:

“Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.”

Quitar el fuero significa quitar todo impedimento legal para que un funcionario vuelva a la normalidad ciudadana y sea juzgado, a la vez que se preserva y protege a la institución y al cargo. De acuerdo en la actual redacción del artículo 108 vigente, el Presidente de la República sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

La reforma realizada al artículo 108 constitucional , no modifica el régimen de responsabilidades penales del Presidente de la República, pues aun cuando el párrafo propuesto agrega figuras al de traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano, persiste que debe procederse conforme lo determina el artículo 111, o sea, a la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, conocida coloquialmente como “desafuero”.

Podemos concluir que la reforma no elimina el fuero del Presidente de la República, pues no deroga la exclusividad jurisdiccional que le otorga la Constitución a las Cámaras del Congreso. Si lo que deseamos es que el Presidente de la República sea tratado penalmente no como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, sino como cualquier sujeto, debiera entonces derogarse el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución y en realidad el precepto completo, para que no exista distinción o privilegio en favor de ninguna persona, así como dejar a las autoridades a actuar en estos casos como lo determinan las leyes penales.

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