España y su nata política

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El próximo 10 de noviembre, España tendrá sus cuartas elecciones generales en cuatro años, ningún país en la Unión Europea (UE) ha experimentado esa inestabilidad democrática; ni siquiera Italia con su peculiar situación política: desde 1945 ha habido 66 gobiernos, un ratio de 1.6 gobiernos por año.

Pedro Sánchez, presidente en funciones, ganó las elecciones el pasado 28 de abril con 7.5 millones de votos, sin embargo, los 123 escaños conseguidos no le han servido para lograr su investidura ni por mayoría absoluta (176) ni por mayoría simple (más votos a favor que en contra).

Prácticamente cinco meses después, derrotado por la falta de acuerdos, el líder socialista ha decidido no presentar su candidatura para la investidura, el pasado mes de septiembre, el rey Felipe VI -ante la ausencia de un candidato para ser investido- ha debido validar la Constitución y convocar a nuevas elecciones generales.

El pasado 23 de septiembre, la disolución de las Cortes puso el cerrojo a la XIII Legislatura, fue un periodo corto e inestable de trabajo sin apenas leyes aprobadas y con un cúmulo de iniciativas pendientes de discusión como la reforma de la eutanasia.

Si bajo el largo estío quedó evaporada toda posibilidad de lograr en España el primer gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ante la falta de entendimiento entre ambas ejecutivas; el otoño, tampoco presenta un panorama del todo claro, el viento amenaza con llevarse algo más que las hojas secas de los árboles.

Desde la Moncloa, la portavoz del gobierno Isabel Celaá, asevera convencidísima de que “el PSOE ganará nuevamente las elecciones”, aunque no acierta a despejar si esta vez logrará gobernar porque a pesar de contar con encuestas a favor (aunque puede perder un millón de votos) y tener la posibilidad de salir victorioso (otra vez); la realidad es que Sánchez, necesitará volver al diálogo con las otras fuerzas políticas afines con la finalidad de buscar que le faciliten la investidura.

El peor escenario para el país ibérico transitaría por repetir el bucle de la situación actual: no formar gobierno ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero… el error más grave sería alargar todavía más el actual impasse.

Encima sería excesivamente irresponsable dada la complejidad de los tiempos económicos globales, ante una mayor ralentización en el crecimiento mundial.

En septiembre pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reajustó nuevamente a la baja sus previsiones del PIB global al pasarlo de un 3.2% anticipado en mayo a un 2.9%: mientras que para 2020, también lo bajó de 3.4% a 3 por ciento.

El informe difundido por el organismo internacional presidido por José Ángel Gurría advierte de “los serios vientos en contra” y el lento crecimiento que va consolidándose de “una forma preocupante”.

Laurence Boone, economista jefe de la OCDE, encargada del análisis achacó al Brexit, a la guerra comercial entre Estados Unidos y China así como a la desaceleración de Alemania, las causas del nuevo reajuste en el PIB mundial.

“Nuestro miedo es que estemos entrando en una era en la que el crecimiento se queda atrapado en un nivel muy bajo. Y ese es un territorio peligroso para el crecimiento y, obviamente, para el empleo”, según sus palabras.

A COLACIÓN

Desde luego que a España también le está afectando el contexto externo, sobre todo el derivado del Brexit, una burbuja inflada de temor y volatilidad que no termina de hincharse.

Las previsiones del crecimiento del país ibérico también han ido variando en la medida que la combinación de factores, exógenos y endógenos, han ido intercalándose: el gobierno socialista esperaba un 2.5% para 2019, se ha ido oscilando en la nueva previsión, entre un 2.3% a un 2.1%; la Comisión Europea predice un 2.3% aunque Fitch Ratings ayer la situó en 2.1% alegando un frenazo en la inversión en bienes de capital en la nación ibérica.

“En tanto el ritmo de la economía amaina, queda por ver si el crecimiento del empleo reducirá, persiste la expectativa de si habrá un impacto adverso en el empleo por culpa de la subida reciente del salario mínimo”, añade la agencia de calificación.

Ha sido mediante reales decreto de ley, en reuniones del Consejo de Ministros, que el gobierno en funciones ha tomado varias decisiones sin pasarlas por el tamiz del Legislativo, por encontrarse en minoría; una fue precisamente el incremento del salario mínimo a 900 euros mensuales pero hay otras que han beneficiado a los pensionados y a los trabajadores autónomos.

Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y escritora de temas internacionales

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