Juicio al presidente

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El presidente estadounidense Donald Trump fue sometido a un proceso de destitución o juicio político, cuyo término es impeachment, el 19 de diciembre pasado en la Cámara de Representantes con mayoría demócrata; se aprobó la causa y pasó al Senado, donde predominan los republicanos, partido del enjuiciado y que por la misma razón se duda de que Trump sea destituido del cargo y prosperen las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Aunque el recurso de juicio político al presidente o del primer ministro está entre las funciones de los parlamentos, es poco utilizado; mucho menos cuando se trata de jefes de estado autoritarios. De hecho, pocos países han asumido el costo del juicio político contra algún jefe de estado y de destituirlo. En Estados Unidos no se ha concretado ninguno, ni siquiera el del presidente Richard Nixon quien prefirió dimitir antes de ser enjuiciado por el trabajo de investigación periodística conocida como el Watergate.

Mientras que Brasil efectivamente ha realizado juicios políticos y destituciones de dos presidentes, el primero fue el de Fernando Collor de Melo, en 1992; y el de Dilma Rousseff en el 2016. El presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram fue destituido en 1997 por incapacidad mental para gobernar, posteriormente en el 2005 fue destituido Lucio Gutiérrez. En Perú fueron destituidos por el mismo mecanismo en el 2000 Alberto Fujimori y en el 2012 Pedro Pablo Kuczinski, además de Carlos Andrés Pérez en Venezuela en 1993.

En el año 2018 se publicó el best seller “Cómo mueren las democracias”, de Steven Levitski y Daniel Ziblatt, enfocada precisamente a la estadounidense y con mucho material histórico analizado tanto en ese país como a nivel mundial. Los autores, ambos profesores de la Universidad de Harvard, señalan en la introducción que “las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder”.

En el texto, los autores revisan los antecedentes históricos en Estados Unidos en donde aspirantes a las candidaturas presidenciales con talante demagogo y autoritario fueron detenidos, cribados dicen, para evitar que llegaran muy lejos en sus aspiraciones. En lo que los dirigentes partidistas identificaban las características personales de esos líderes no obstante de que contaban con un amplio número de seguidores, pero que definitivamente el dejarlos crecer colocaba en riesgo a la democracia estadounidense.

Citan a Juan Linz con su célebre libro “La quiebra de las democracias” para señalar el perfil autoritario del presidente estadounidense y que son los indicadores: 1) rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas del juego; 2) negación de la legitimidad de los adversarios políticos; 3) tolerancia o fomento de la violencia, y 4) predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.

No obstante de que las características autoritarias se señalaban desde antes de la elección y por sus expresiones, Donald Trump fue electo. Las características de su intolerancia fueron creciendo, pero hasta el momento todo parece que está por continuar su periodo presidencial y que pudiera ser reelecto.

Esta situación que se vive precisamente es la que se menciona en “El Federalista”, los papeles fundadores de la democracia estadounidense como riesgos que se deben atenuar, en la que se pudiera dar pie a posibles dictadores que hicieran colocar en peligro al sistema político estadounidense.

Si el juicio político contra Donald Trump no prospera por la defensa que haga la mayoría de su partido en el Senado, seguramente se engrandecerá y sus posiciones autoritarias se convertirán en un mayor riesgo no sólo para los estadounidenses sino también para los países que disientan de las opiniones con su presidente; porque hasta ahora se ha demostrado que es de mecha corta y de tuitazos rápidos.

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