La auditoría y los dineros del pueblo

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La semana pasada se conocieron dos noticias ligadas al dinero y a su manejo por la presente administración federal: el informe de la Auditoría Superior de la Federación en la tercera entrega de la Cuenta Pública de 2019, y la otra, el cambio para el pago de las pensiones jubilatorias otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que reducirá el monto que perciben los jubilados. Ambas informaciones tienen que ver con el dinero del pueblo, el que se gasta y el que se obtiene.

Aunque para muchas personas tal parece que el gobierno gasta su propio dinero, para dar, repartir e invertir, en realidad este proviene del mismo pueblo. Salvo aquellos que se dedican a las actividades económicas ilegales o informales, que no pagan el impuesto que vaya directo a las arcas gubernamentales vía el Impuesto Sobre la Renta (ISR), antes era conocido como Impuesto Sobre el Producto del Trabajo (ISPT), es una cantidad que se descuenta a través de la nómina a los asalariados o por otras formas a quienes cobran por honorarios.

En septiembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 28 constitucional que impactó en los cálculos del pago, de tal manera que en julio del año pasado se incrementó el impuesto, a pesar de que el nivel de afectación de esto fue amplio, las protestas se dividieron y con ello pasaron prácticamente invisibilizadas. La razón de esto fue que una parte de los afectados son simpatizantes del partido en el gobierno y mayoría en el Congreso.

La promesa de una nueva reforma al respecto de disminuir el cobro del ISR también contribuyó a disolver las pocas expresiones de protesta, se anunció que entrando el año se cobraría menos. Y sí efectivamente, sin embargo, la proporción del incremento dada en julio de 2020 fue, digamos por ejemplo, de dos mil pesos y la disminución efectiva por la reducción del ISR en enero de 2021 fue de 200 pesos. Así que primero te incrementan el cobro de dos mil pesos y después suavizan con la idea de un descuento y solo es de 200 pesos, en realidad el cobro fue de mil 800 pesos.

Ahora, el pasado 17 de febrero la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó “que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”, con lo que se deja de usar el salario mínimo para calcular el pago. Pero la diferencia entre ambas medidas es distinta, la UMA equivale a 89.62 pesos y el salario mínimo está en 141.70, es decir 52.06 pesos menos.

Esto afecta a los jubilados y a quienes lo vayan a ser en los próximos años. Estos dineros del pueblo son los que entran a las arcas gubernamentales que posteriormente salen para la realización de obras o entrega de dinero para los programas sociales que impulsan.

Pero al respecto de los dineros del pueblo que salen, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en su tercera entrega de la Cuenta Pública del 2019 informó que los proyectos de infraestructura y programas sociales del Gobierno federal tienen un alto riesgo de no ser rentables, son opacos en las contrataciones, mal diseñados o se empezaron a construir antes de contar con los permisos ambientales y de factibilidad, con irregularidades en el gasto de más de mil 500 millones de pesos en el primer año de la administración.

Además de detectar esas irregularidades, en varios programas y dependencias federales, la ASF también denunció a la Secretaría de la Función Pública, que dirige Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, pues mostró resistencia que obstaculizaron el desempeño de la investigación.

Se acusa a la dependencia federal y a su titular de negar el acceso al equipo auditor a las instalaciones de la Secretaría para hacer entrevistas o recorridos de prueba, con el pretexto de la pandemia.

Estas dos noticias, además de la vieja información sobre el cobro del ISR, demuestran que el manejo del dinero del pueblo, el que entra vía impuestos y cobros, así como el que sale para las obras públicas y programas sociales, es todavía muy opaco a pesar de los principios gubernamentales que se repiten constantemente a la menor oportunidad: “No robar, no mentir, no traicionar”, que al final de cuentas con las evidencias puestas sobre la mesa siguen siendo solo buenas intenciones.

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