La Fiscalización de los partidos políticos

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Julio César Hernández Martínez

Estamos inmersos en el inicio del proceso electoral en donde los mexicanos acudiremos a las urnas en junio de 2021 para elegir nuevos representantes populares. Uno de los temas de mayor relevancia es el de cuidar que los recursos públicos que se le asignan a los partidos políticos sea usado con honestidad y transparencia.

Tanto el financiamiento como la fiscalización electoral tienen un impacto importante en el sistema político y en la construcción democrática. Existe una compleja relación entre política y dinero que tiene repercusiones en todos los aspectos de la sociedad. Sin dinero no podría existir la democracias representativa. La asignación de financiamiento ya sea en su mayoría público, privado o mediante un sistema mixto, contribuye a la solidez democrática, permite su sostenimiento, por lo que se garantiza la representación de gran parte de la sociedad, además promueve mejores condiciones de competencia entre las diferentes fuerzas políticas.

Pese a que el dinero resulte indispensable en un sistema democrático sobre todo para su adecuado funcionamiento, implica una serie de dificultades o retos que pueden constituir riesgos elevados para cualquier proceso político. El financiamiento a los partidos a lo largo de la historia se ha convertido en una fuente importante para la existencia y desarrollo de la corrupción en países que han implementado la democracia.

Su deficiente repartición, así como el mal uso que los partidos pudieran hacer de los recursos, lograría provocar muchos escenarios, por ejemplo: que no se garantice una competencia real y equitativa; que algunos sectores poblacionales no pudieran ser representados; o que los candidatos una vez logrado su triunfo representen intereses privados o diferentes a los que concuerden con la sociedad que representan, entre muchos otros riesgos.

La competencia entre partidos para acceder al poder y representar a la sociedad, fue abierta, aunque de forma mermada, a partir de la reforma electoral de 1977. Desde ese año se ha transitado por un camino en el que se le han ido otorgando diversas prerrogativas a los partidos. El financiamiento público a los partidos ha sido prioridad frente al privado, principalmente para evitar la influencia de intereses ajenos a los principios de los partidos y para garantizar una democracia plena.

Con el paso de los años y las reformas electorales, a los partidos políticos se les ha dotado de una serie de beneficios cada vez más grandes, la asignación creciente de recursos es una realidad, la cual no se compara con el avance respecto al seguimiento y comprobación de su obtención y uso.

Los mecanismos implementados para fiscalizar los recursos como son la presentación de informes y su respectiva dictaminación por parte del Instituto Nacional Electoral, se han constituido como los primeros elementos formales para la comprobación de origen, monto y destino de los recursos. Representan un avance significativo, sobre todo en un ambiente donde los recursos obtenidos de forma ilícita son cada vez más evidentes. Sin embargo, se ha demostrado que los avances respecto a la fiscalización no son suficientes, sobre todo porque no se desarrollaron a la par de la asignación de financiamiento, en este sentido, ambos elementos de asignación y supervisión de los recursos resultan prioritarios en una democracia representativa.

Creo que ya no debe incrementarse el financiamiento público a los partidos políticos ya que reciben una cantidad importante de dinero, hasta que los procesos de fiscalización se desarrollen de manera eficiente, es decir, que se pueda determinar con mayor exactitud el origen, monto y destino de los recursos. sobre todo mediante la homologación de fórmulas y el crecimiento poblacional en tanto que no se avance a pasos iguales en la profesionalización del procedimiento fiscalizador y que éste sea realmente eficiente.

En una sociedad democrática, es imprescindible que los ciudadanos conozcan del manejo de los recursos públicos destinados a las actividades políticas. La fiscalización de partidos políticos, es de suma importancia ante la búsqueda de transparentar los procedimientos electorales en una democracia. Existe una amplia brecha que debe ser atendida para lograr perfeccionar los procedimientos y las vías mediante las cuales la autoridad fiscalizadora evite la comisión de infracciones por parte de los sujetos obligados, que deben sujetarse invariablemente a la transparencia y la rendición de cuentas.

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