Las reformas de la 4T

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Cada gobierno, ya sea federal, estatal o en los municipios, procura la realización de cambios normativos o en la legislación con esencialmente dos propósitos: romper el esquema de privilegios para sus contrarios o antecesores y facilitarse la operación para su beneficio.

Los argumentos para su justificación son de catálogo prácticamente, acabar con los privilegios de unos cuantos, impulsar los cambios estructurales que se requieren para despuntar el desarrollo, incrustarnos en la nueva dinámica que los países desarrollados impulsan, que la justicia social ahora sí llegue a los más necesitados, terminar con la corrupción, eliminar los gastos superfluos y así nos podríamos seguir.

Algunos, como la administración de Peña Nieto, aprovechan dichos cambios y les confieren un carácter propagandístico espectacular, convirtiéndolos en un “logro” de su gestión que con el aparato y estrategia adecuada de comunicación (promoción y RRPP) le confirieron el estatus de “legado histórico” que prácticamente nos colocaba a las puertas del primer mundo.

A la vuelta de la esquina de todas las reformas estructurales que se efectuaron a un costo publicitario y propagandístico espectacular, la única que probablemente ha traído beneficios reales a la ciudadanía es la reforma en telecomunicaciones, sin pecar de ingenuos, que le dio un gancho al hígado a quienes jugaron con un equipo contrario al PRI y que benefició a los aliados.

Más pronto que temprano y sin tanta parafernalia, el actual gobierno ha llevado a cabo un paquete de reformas que aunque nos ha señalado que cumplen con compromisos de campaña, en breve podremos observar quiénes serán los beneficiarios de estos cambios; ojalá y pudiéramos ser todos.

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