¿Legalizarán la amapola?

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A ver, a ver… El pasado 5 de octubre, en el municipio de Teloloapan, donde fue inaugurado el 41 Batallón de Infantería, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, aceptó que la legalización de la amapola para usos medicinales “podría ser una salida al problema de violencia en México”.

En principio, “me parece que es correcto; es una propuesta que ya hizo el señor gobernador algún tiempo; habrá que ver cómo funciona”. Y sí, en marzo del año pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores se pronunció a favor de regular el cultivo de la amapola con fines medicinales para acabar con la violencia en Guerrero.

“Es algo que no solo yo he expresado; hay muchas voces en el país que lo han dicho. Creo que no es una mala idea. Me parece que hay que incursionar para enfrentar problemas extraordinarios con acciones extraordinarias, y ésta es una de ellas; hay que verlo con seriedad, con objetividad y con mucha responsabilidad”, dijo Astudillo.

A su vez, el 22 de agosto del año en curso, la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, adelantó que el próximo gobierno federal establecerá una nueva estrategia de seguridad dirigida a la pacificación del país, para lo cual le planteará a la Organización de las Naciones Unidas una nueva “pauta interpretativa” a fin de despenalizar las drogas.

Durante su conferencia “Estado de derecho” en el marco del Foro Estrategia Banorte 2018, la futura titular de Gobernación señaló que en primera instancia “se buscaría despenalizar, no legalizar, la mariguana y, en un futuro, la amapola, con fines estrictamente medicinales”.

En el marco del evento, la bancada del PRI en el Senado de la República presentó el 9 de octubre una iniciativa para regular y despenalizar la siembra y el cultivo de la amapola en el país cuando sea utilizada con fines medicinales y científicos.

El senador priista Manuel Añorve Baños, en un movimiento rápido, se lanzó al ruedo. Precisó que tan solo en Guerrero se produce una tercera parte de la amapola y que los campesinos pobres son perseguidos, cuando su trabajo puede ser legal para producir medicamentos y no abastecer el mercado ilícito de las drogas, sobre todo, el del opio y la morfina. En su iniciativa, se detalla que en el país hay alrededor de 28 mil hectáreas que se utilizan para la siembra de amapola, de las cuales la mitad se ubican en Guerrero: “tan solo, en la entidad, unas 120 mil personas siembran y cosechan amapola; en su mayoría son campesinos de comunidades pobres y aisladas”.

Al presentar en tribuna la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, el senador Añorve indicó que es la goma lo que buscan todos los que siembran la amapola, puesto que de ahí proviene la heroína; aunque también se puede utilizar para producir medicamentos, como la morfina, la oxicodona, el fentanilo y la buprenorfina, sustancias que resultan más eficientes que los analgésicos comunes.

La iniciativa tiene por objeto regular el cultivo, la cosecha y la producción de la amapola, por lo que se establece que los ejidatarios, productores rurales, sociedades rurales, pequeños propietarios agrícolas y cualquier otra persona física o moral que aproveche tierras parceladas o agrícolas que participen en el proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos necesitarán autorización sanitaria para efectuar dichas actividades.

Cabe destacar que se impone prisión de uno a seis años a quienes sin contar con la autorización de la autoridad sanitaria correspondiente, por cuenta propia o con financiamiento de terceros, siembre, cultive o coseche plantas de mariguana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares cuando en él concurra escasa instrucción y extrema necesidad económica.

A los agricultores les pagan por cada kilo de opio unos 30 mil pesos; y para obtener un kilo de heroína se requieren ocho kilogramos de goma de opio, cuyo valor en el mercado negro es de cinco millones de pesos. Ahí está el verdadero negocio.

Las mayores ganancias, en efecto, se las llevan los grupos delictivos organizados, quienes acuden a los domicilios de los campesinos a recoger el producto. Hoy son familias enteras las que se dedican a esa labor.

Sin contar los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, se estima que en Guerrero hay unos mil 300 poblados dedicados a esa labor y la cifra tiende a crecer a pesar de ser una actividad fuera de la ley. La pobreza extrema los orilla a esa actividad. Las zonas altas de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y Heliodoro Castillo, así como áreas de la sierra de Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Tierra Caliente son las más productivas.

Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, al contar con la mayoría en el Congreso de la Unión, tiene hoy la palabra de legalizarla para proteger la vida y los bienes de campesinos que hoy andan a salto de mata. A ver si los morenos “como roncan duermen”, diría mi tía Sara Lupe. Veremos, veremos.

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