Más violencia

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En Acapulco se anunció recientemente la incorporación de un grupo de policías comunitarios adheridos a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que funcionará en La Sabana, municipio de Acapulco, aunque se trata de una comunidad se encuentra dentro del área urbana de la ciudad. Este grupo, forma parte ya de los otros que de la misma organización se encuentran en la ciudad, como Barra Vieja, los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Xaltianguis, entre otros.

La idea de estos grupos es la de reestablecer la seguridad en los lugares en los que se instalan, hasta el momento hay 19 grupos diseminados en el territorio estatal, mientras que grupos delictivos se cuentan 18, de acuerdo a información del Gobierno del Estado. A pesar de esa noble intención, los resultados no se han visto llegar a las poblaciones, por el contrario se convierten en un elemento más en la disputa violenta por el territorio.

Los hechos recientes en Xaltianguis demuestran que la justificación de estos grupos escindidos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y el Sistema de Justicia Comunitaria amparados en la Ley 701, no han contribuido a pacificar y a devolver la seguridad y la paz en las diferentes comunidades.

Como movimiento social se amparan y legitiman en la CRAC y en el Sistema de Justicia Comunitario, pero en términos reales no tienen nada que ver con ello; la Ley 701 marca los territorios en que se establece este sistema y como auxiliares de las autoridades impartidoras de justicia, pero que tienen que ver y funcionar en espacios indígenas por el uso de la lengua, y por delitos del orden común y menores.

De 1995, en que se fundó la policía comunitaria de la CRAC, para acá muchas cosas han cambiado, como es la incidencia de delitos del orden común y federal; entre uno y otro hay un mar de diferencia, que quizás no sea diferente la colusión de las autoridades de uno y otro nivel con los grupos delictivos, pero sí las sanciones que por uno y otro delito se imponen a quien comete una infracción legal.

Las policías comunitarias que surgieron en cuanto comenzó a acrecentarse la violencia y la inseguridad motivaron el respaldo social en las cabeceras y municipios en los que se instalaron, pero esa simpatías pronto se tornó en antipatías cuando comenzaron a imponer altas multas a los detenidos, porque ya no era la reeducación, pilar fundamental de la justicia comunitaria.

Al cambiar los procesos de reeducación a los detenidos por multas económicas a los familiares, los pobladores dejaron de apoyar a estos grupos que demostraron que es más fácil corromperse u obtener dinero que mantener los principios de la justicia comunitaria.

En Acapulco en particular y en Guerrero en lo general, la violencia es generada por la disputa entre los grupos delictivos por el control del territorio, para cobrar extorsiones por las actividades lícitas, pero también para realizar todo tipo de acciones ilícitas, es decir, la inseguridad que se refleja en secuestros y robos. Esto ha continuado.

Pero los diferentes grupos existentes en el territorio y que se formaron para atacar la inseguridad y la violencia, están contribuyendo en el incremento por la misma razón de la pelea por el territorio. Así que lo que se puede garantizar con un grupo más en Acapulco, es un incremento de violencia, no de la disminución.

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