Niños en guerra

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Los videos y las fotografías de los niños presentando armas y en posición de disparo dieron la vuelta al mundo mientras que el boletín del Gobierno del Estado apenas fue visible condenando el hecho y pidiendo a los medios de comunicación y sus directivos que no dieran a conocer el rostro y los datos de los infantes que la Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC- PF) mostró como sus nuevos reclutas.

La presentación de los milicianos menores de edad en respuesta al asesinato de 10 músicos la justifica la CRAC- PF por la falta de seguridad y como protección de la banda delincuencial denominada Los Ardillos, que tienen asolada la zona de La Montaña baja, en este caso, de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.

La zona prácticamente está en guerra, así que no se podría considerar solamente propagandística la presentación de los reclutas, que son apenas unos críos, porque se corre el riesgo de que efectivamente sean partícipes de hechos de violencia.

El tema es sensible por muchas cosas y coloca a la entidad dentro de una crisis humanitaria y de violencia extrema.

Aunque no sea reciente el uso de niños en asuntos bélicos, no deja de ser preocupante y demuestra que en su carácter vulnerable es de nuevo un sector que sirve de carne de cañón.

Las policías comunitarias surgieron en Guerrero ante la incapacidad de las autoridades investigadoras y de impartición de justicia para brindar una buena atención en las zonas indígenas y marginadas por su idioma y por las zonas en las que se encuentran. En el momento de su nacimiento, los temas a atender por el sistema de justicia comunitaria era la reeducación por el tipo de delito que se atendía, la mayor parte de ellos menores. Pero estos grupos se extendieron ante la explosión de otro tipo de delitos, ya no menores ni del fuero común, sino también del ámbito federal, como son extorsiones, secuestros, homicidios, siembra, tráfico y comercialización de estupefacientes.

Pero ni los organismos de investigación y procuración de justicia ni las policías comunitarias pudieron terminar con el creciente nivel de violencia y de inseguridad, ya sea por la impunidad o el poder económico y de armas que comenzaron a tener los grupos delictivos.

La violencia y la inseguridad que se manifiesta en el estado de Guerrero ha sido tema de información en los últimos 10 años; no obstante, poco se ha podido hacer, ya sea por impunidad, complicidad o de plano ineficiencia de los diferentes gobiernos, que parece que se marcará por las masacres que han indignado al país. Ayer fueron los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y ahora los músicos en Chilapa.

Seguramente la estrategia de la CRAC-PF para llamar la atención de los cuerpos de seguridad es desesperada si es que los niños no participan en ninguna refriega de balazos, pero, si lo llegan a hacer, la responsabilidad directa recaerá en quienes los reclutaron, pero también en la autoridad, que ha sido incapaz de brindar seguridad en una zona que se está distinguiendo por los altos niveles de violencia y abandono oficial.

En esta batalla que están librando los grupos criminales en su pelea por el territorio hay muchos menores de por medio. De ellos se sabe por fotografías y videos que suben a las redes sociales, pero, hasta el momento, por ser problemas de todos, es solución de nadie.

Sin embargo, en este caso de los niños, fueron presentados públicamente en rancherías de los municipios de Chilpa y José Joaquín de Herrera, en el estado de Guerrero y, por lo tanto, forman parte de la responsabilidad local, de manera inmediata, pero también de la federal.

Pero, hasta el momento, esa presentación de niños milicianos demuestra que algo está podrido por estos lares para que se tenga que recurrir a semejante decisión de armar a menores que deberían estar en la escuela.

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