Nuevo pacto fiscal

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En estos momentos de pandemia sanitaria y económica que vive nuestro país, los gobiernos de las entidades federativas y municipios, están sufriendo por la disminución de las participaciones que la Federación asigna. Inclusive no son pocos los gobernadores y presidentes municipales de todo el país que se han manifestado por un nuevo pacto fiscal que los haga destinatarios de mayores recursos financieros.

 

La palabra pacto proviene del latín pactum, que significa tratado entre dos o más personas que se comprometen a cumplir lo estipulado. El federalismo es un modo de organización del Estado en el que sus miembros son soberanos y están unidos generalmente por un pacto federal en sus tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

 

El pacto federal es el acuerdo político donde estados soberanos pactan ceder parte de sus soberanías a un poder central que determina las competencias entre los tres órdenes de gobierno.

 

El federalismo fiscal es una parte del federalismo, su aspecto es más administrativo en el ámbito impositivo y de recursos, que el gobierno central transfiere a los integrantes de la Federación, para que puedan cumplir con sus funciones de gobierno (salud, educación, seguridad).

 

La coordinación fiscal es considerada la columna del federalismo fiscal mexicano y pretende lograr el equilibrio de los sistemas tributarios de los tres órdenes de gobierno. Su agenda abarca los ingresos (política de ingresos y su administración), el gasto (transferencias, presupuesto y contabilidad) y la deuda (financiamiento y pensiones). La coordinación fiscal es el acuerdo entre los estados y el Gobierno federal mediante el cual este último administra los impuestos federales más importantes, entre ellos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). A cambio, los estados reciben participaciones (porcentaje de la recaudación fiscal).

 

Por iniciativa del Gobierno federal, mediante la Secretaría de Hacienda se realizaron tres convenciones fiscales en los años de 1925, 1933 y 1947 con los gobiernos de las entidades federativas. La SHCP suscribió convenios con las entidades federativas para la compensación de fondos en 1977, para que estas recibieran aportaciones federales cada mes para cubrir sus gastos administrativos y para obtener participaciones federales.

 

En 1982 se estableció el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el cual es el resultado del esfuerzo de las autoridades hacendarias federales y estatales por armonizar el sistema fiscal a escala nacional, simplificar el pago de impuestos y resarcir a las entidades federativas la pérdida de recursos económicos de algunos impuestos locales. Cabe señalar que una gran parte de los impuestos se destina al presupuesto federal y se aplica en gasto público no etiquetado.

 

El problema de la desigualdad en el uso de los recursos de nuestra Nacion a favor de la Federación data desde entonces. Se ha diseñado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, un sistema en el cual el presidente de la República ejerce una gran cantidad de dinero para sus proyectos e ideas plasmados originalmente en el Plan Nacional de Desarrollo que se presenta al inicio de cada administración.

 

Ahora varios gobernadores y presidentes municipales han pedido un nuevo pacto fiscal y han llamado al diálogo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha evadido dicha demanda. Se calcula que el 90 por ciento de los ingresos de las entidades federativas proviene de la Federación. Es importante que los gobiernos de las entidades federativas y municipios den un ejemplo del manejo honesto y transparente de los recursos públicos. Los mayores recursos financieros que se reclaman no deben caer en el barril sin fondo de la corrupción. El nuevo pacto fiscal debe servir para el impulso de la economía, así como para el combate a la pobreza y el desarrollo humano de sus habitantes.

 

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