Otra consulta patito

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legal y aplica por sus pistolas la Ley de Herodes. Por violar permanentemente la Constitución de la República, podría ser sometido a un juicio político del que no lo salvarían sus amuletos ni su “pueblo bueno y sabio”.

En momentos en que la República vive una situación de emergencia nacional por la amenaza de la peste del coronavirus, que ha hecho temblar la economía de México y el mundo, el señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, acaba de mandar otro desastroso mensaje a los mercados internacionales con la cancelación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California, con una inversión de poco más de 900 millones de dólares mediante una consulta pública patito y al margen de toda legalidad.

¿Quién querrá invertir en este momento en México a sabiendas de que no hay ninguna garantía o seguridad de que sus inversiones serán respetadas con apego al derecho? ¿Quién querrá crear empleos en esas condiciones de inseguridad jurídica? ¡Seguramente nadie! y menos en el sexenio del gobernante que no tiene el valor de decir “yo ordeno esto, que se suspenda esto o aquello”, sino que suele perversamente llevarlo a consulta popular, así sea con un puñito de votantes acarreados para escudarse en el “pueblo bueno y sabio”.

En Mexicali hay un padrón electoral de 796 mil 447 personas, de las cuales solamente 27 mil 973 personas participaron en la amañada e ilegal consulta a la que el presidente López Obrador convocó para decidir el futuro de la planta cervecera Constellation Brands; es decir, que este gobierno toma una decisión con base en el 3.52 % del electorado de la capital californiana. Pero, además, la consulta patito no la llevó a cabo el INE, sino la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal bajo la tiránica mentira de que la planta cervecera dejaría sin agua a los residentes de Mexicali. ¿Por qué AMLO no hizo lo mismo con los habitantes inconformes por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que dejará sin agua a decenas de pueblos?

Muy orondo, desde su soliloquio mañanero en Palacio Nacional, López Obrador anunció que entablará comunicación con la empresa cervecera para llegar a un acuerdo sobre la inversión ya realizada en Mexicali; esto es, que estamos ante una nacionalización, estatización o expropiación que privilegia regímenes tiranos con la careta de social-demócratas o comunistas. Sí, estamos ante una expropiación disfrazada de consulta popular.

Con otra consulta ilegal a mano armada, perdón, quiero decir a mano alzada, AMLO canceló el aeropuerto de Texcoco con un avance del 40 % en las obras y con una inversión de más de 200 mil millones de pesos que tendremos que pagar los sencillos habitantes de México, como ocurrirá con la empresa cervecera en Mexicali, aunque no se descarta que esa empresa recurra a los tribunales mexicanos porque, de acuerdo con los sabios del derecho, AMLO perdería el juicio de calle y sería condenado a pagar un dineral, bueno, más el pueblo, que ni la debe ni la teme, pero que siempre sale pagando los platos rotos de los politicastros chindinguas que no saben ni dónde están parados.

La cancelación de la cervecera ha desatado el repudio generalizado de las cúpulas empresariales mexicanas que no dudan en tachar a AMLO como un gobernante inepto que ya se pasó de la raya y que no entiende que el país necesita empleos y él se está encargando de que no los haya. Pues sí, AMLO está viendo temblar, pero no se hinca.

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