Piden a AMLO que revele contratos de “Pegasus”

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Con este software, el periodista guerrerense Cecilio Pineda, fue espiado días antes de ser asesinado en Ciudad Altamirano, revela investigación


Amnistía Internacional (AI) y organizaciones de derechos humanos y de periodistas demandaron al gobierno que encabeza, Andrés Manuel López Obrador que de a conocer los contratos que se hayan firmado en el pasado o que estén vigentes con empresas vinculadas al “Proyecto Pegasus”, herramienta digital utilizada para espiar a comunicadores y activistas y también lo instaron a que se regule esta práctica para que “nunca más se vigile en condiciones de ilegalidad”.

Este jueves, Amnistía Internacional capítulo México, organizó un foro donde participaron defensores de derechos humanos y periodistas, quienes dieron testimonio de las prácticas ilegales de vigilancia, espionaje y amenazas que siguen vigentes en el país y que buscan sean desterradas.

El “Proyecto Pegasus”, es una innovadora investigación colaborativa de más de 80 periodistas de 17 organizaciones de medios de comunicación de 10 países, con coordinación de Forbidden Stories, organización sin ánimo de lucro de medios de comunicación que tiene su sede en París, Francia, con el apoyo técnico de Amnistía Internacional, la que realizó los análisis forenses punteros de teléfonos móviles para identificar rastros del software espía.

La investigación revela que la empresa de Israel NSO Group, vendió esta un software que permitió espiar de manera ilegal a 50 mil personas en diferentes partes del mundo y que en México se estima se infectó con un malware para entrometerse y recabar información de unos 15 mil mexicanos, entre periodistas, defensores de derechos humanos, integrantes de la sociedad civil e incluso a políticos y servidores públicos.

La directora de Amnistía en México, Edith Olivares Ferreto, informó que están pidiendo al presidente, Andrés Manuel López Obrador que publique los contratos de otras administraciones o vigentes con el grupo NSO Group y que se informe qué instancias del grupo federal los firmaron, a quiénes se estuvo vigilando y quiénes ordenaron esa vigilancia.

Señaló que se debe “debe dar información a la sociedad cómo funcionaron esos contratos y sus alcances; al Congreso Federal le pedimos que legisle para que la vigilancia digital se haga con respeto a los derechos humanos y nunca más se vigile en condiciones de ilegalidad a defensores de derechos humanos y periodistas”.

En la investigación periodística, informa AI en su página web, “en México, se seleccionó como objetivo el teléfono del periodista Cecilio Pineda apenas unas semanas antes de su homicidio en 2017. El “Proyecto Pegasus” identificó que al menos 25 periodistas mexicanos fueron seleccionados como objetivos durante un periodo de dos años. NSO Group ha negado que los datos extraídos del teléfono de Pineda contribuyeran a su muerte, incluso en el caso de que su teléfono hubiera sido objeto de ataques”.

El periodista guerrerense, Cecilio Pineda, fue ejecutado a balazos por dos sujetos en motocicleta el 2 de marzo de 2017 cuando se encontraba en un lavado de autos de Ciudad Altamirano. El caso no ha sido esclarecido y aún no se conoce quién o quiénes son los clientes que contrataron el servicio para espiarlo, incluso, en dos ocasiones, una de ellas apenas a unos días antes de su muerte.

“La lista no identifica quién puso los números ni por qué, y se desconoce cuántos de los teléfonos fueron atacados o vigilados”, señala la investigación periodística.

La vigilancia ilegal y amenazas es una práctica recurrente en México: Tlachinollan

En este panel virtual, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández, dijo que en México es una práctica recurrente de los tres niveles de gobierno la vigilancia y espionaje ilegal, pero además también las amenazas y agresiones, que son un pendiente del gobierno de atender y erradicar.

Explicó que en el caso de Tlachinollan, desde 1996 dan acompañamiento y defensa de los derechos humanos en esta zona de extrema marginación de Guerrero, y que por ello dos años después de iniciar sus labores les hicieron llamadas a sus oficinas y a domicilios particulares de sus integrantes, donde les amenazaron y les daban detalle de sus actividades, “tenían un itinerario de nuestras labores y es por ello que fue la primera ocasión que intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó la primera medida cautelar a nuestro favor”.

Barrera Hernández informó que en 2002 dieron acompañamiento a las mujeres indígenas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron sujetas a tortura sexual por elementos del Ejército y de nueva cuenta recibieron “amenazas directas y telefónicas, por ello tuvo que intervenir de nueva cuenta la CIDH y dictó medidas provisionales a las dos víctimas y a Tlachinollan”.

El último caso de vigilancia y amenazas, fue recién en el 2016 y que ahora saben fue parte de esa estrategia de intervención de telefonía celular a través del “Proyecto Pegasus” en el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue por el acompañamiento y labor de asistencia jurídica que da Tlachinollan a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en septiembre del 2014.

Abel Barrera dijo que a raíz de ese acompañamiento los estuvieron vigilando de manera ilegal y que recibieron amenazas a su integridad física, “tan es así que el compañero Vidulfo (Rosales Sierra), tuvo que salir del país más de dos meses por amenazas, por el seguimiento y el acoso que tenía, seguían sus pasos y sus actividades”.

Explicó que contra Rosales Sierra preparaban un atentado, luego que había acudido a una diligencia en la Fiscalía General del Estado (FGE), “fue en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas y fue grave”.

Recordó que después, a través de la intercepción de llamadas telefónicas de su equipo de Vidulfo Rosales Sierra, armaron un diálogo que fue revelado desde “el gobierno de Enrique Peña Nieto, se hizo pública una supuesta llamada que le hicieron en diferentes momentos armando un diálogo contra madres y padres de Ayotzinapa, ahora entendemos que se trataba de Pegasus y de haber infectado el teléfono de Vidulfo y de algunos padres”.

Aceptó que ese “diálogo armado causó desconcierto, enojo y diferencias, se hicieron reuniones para valorar si seguía Vidulfo en esta lucha, se aclaró bien, desconocíamos cómo era ese móvil y ahora sabemos que fue Pegasus para golpear a Vidulfo, causar daño a su trayectoria y poner en entredicho su labor como defensor, tuvimos que acuerparnos y salir en defensa de Vidulfo, madres y padres entendieron que era una acción ilegal del gobierno federal para atentar contra esta lucha, esta lucha sigue hermanada, esta intervención causó agravios al trabajo de Tlachinollan”.

Añadió que defensores y periodistas, “seguimos entre la espada y la pared con un aparato del estado que vigila y que no reconoce el trabajo serio de esta labor, si se suma a los grupos de la delincuencia organizada, el asunto es más grave y se debe poner un fin”.

En el panel, Yésica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, dijo que esa política de espionaje y de intervención “nos dejó preocupados del alcance de política de Enrique Peña Nieto, en ese sexenio 161 defensores fueron asesinados, pero también en el sexenio de Felipe Calderón y ahora no hay certeza si no continúa esa política”.

Señaló que los defensores de derechos humanos aún se preguntan en “dónde está nuestra información que recabaron cuando nos espiaron y son hechos que no deben quedar en la impunidad, no queremos que nos traten como delincuentes o como amenaza del sistema, queremos que haya respeto a nuestra labor”.

Por su parte, Vladimir Cortés, de Artículo 19, dijo que el “espionaje es una violación a los derechos humanos, no es una cosa del pasado, es una deuda de la actual administración y debe haber responsabilidad del uso abusivo, ilegal y arbitrario de Pegasus contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas de la sociedad civil”.

Hicieron un llamado a acabar con esa práctica, que no sólo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se centre en los contratos millonarios de otras administraciones con NSO Group, sino que también se deslinden responsabilidades por estas graves violaciones a los derechos humanos, que haya una legislación para que no haya una repetición. (Agencias)

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