Podré equivocarme, pero la honestidad rige mi vida: Olga Sánchez Cordero

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Lamentó que se haya tergiversado su comentario sobre la ley Bonilla


MÉXICO.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva la presunta inconstitucionalidad de la llamada ley Bonilla, que amplió el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

A través de una carta dirigida a los ciudadanos, la funcionaria lamentó que se hayan tergiversado sus comentarios expresados el 1 de noviembre en una videograbación de la que “no tenía conocimiento” ni habría autorizado.

“Siento mucho las interpretaciones dadas al referido video por diferentes actores sociales, políticos, periodísticos y de redes sociales sobre la manera de expresarme. Eventualmente, podré equivocar una expresión, más mi honestidad e integridad seguirán rigiendo permanentemente mi vida en lo público y privado estando siempre por encima de cuestionamientos y de cualquier interés que no sea el superior de mi país”, manifestó.

En el caso de la extensión del periodo de gobierno en Baja California, externó que siempre ha sostenido sus argumentos jurídicos acerca de ese hecho y jamás los ha variado, nunca ha mentido ni ha engañado a nadie.

“Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el análisis jurídico de sus variables legales. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la decisión definitiva, sabiendo que uno de los análisis actuales de la situación indica que es posible que perviva la norma aprobada por el Congreso Estatal. Como siempre lo he sostenido en mi carácter de secretaria de Gobernación, seguiré siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado”, puntualizó Sánchez Cordero, quien aclaró que haber utilizado el término pervivir no significa que así vaya a ocurrir con la resolución de la SCJN, pues de ninguna manera indica que la autoridad competente vaya a emplear el mismo criterio, ya que el “esgrima jurídico” mencionado en el video es parte de los escenarios inmediatos que muestra que el problema radica en quién está legitimado para promover la acción legal.

Añadió que el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso local.

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