Reelección de diputados, desafiante contra incumbentes

Reelección de diputados, desafiante contra incumbentes

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El pasado 18 de marzo, diputados de las fracciones de Morena, PT, PES y PVEM aprobaron con 254 votos a favor las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y a la Ley de Partidos Políticos para poder reelegirse sin solicitar licencia al cargo que ocupan como parte del reglamento de las reformas constitucionales a los artículos 56, 115 y 116 aprobadas en el 2014 y que desde este periodo se aplicarán a los funcionarios de elección, como son los diputados federales y senadores, diputados locales y miembros del Cabildo.

La acción del partido gobernante y sus satélites —como se le denomina en México a los partidos que giran en torno al partido dominante y en este caso son los aliados de Morena, como PT, PES y PVEM— fue considerado como un albazo legislativo porque se aprovechó la ausencia de los diputados de las fracciones opositoras, como el PRI, el PAN y PRD.

Aunque aparentemente entre lo aprobado está que los diputados “incumbentes” renunciarán a los privilegios de la oficina, que les brindan ventaja en la contienda donde competirán por permanecer en el cargo, las fórmulas para evitar esa disparidad no están muy claras.

En la teoría en torno a la reelección, el término “incumbente” (de incumbency) es el ejercicio de un cargo por un periodo determinado y en el que pretende ser ratificado y por ello tiene ventajas frente a sus competidores, a los que se les llama “desafiantes”. Esta situación plantea retos y complicaciones para procurar la equidad en la contienda electoral para los cargos de reelección.

Las ventajas del incumbente, aquel que busca permanecer en el cargo, son los recursos financieros, materiales, humanos y de proyección mediática, mismos que no tiene el desafiante, que lo único que tiene a su favor es la posible mala gestión que haya hecho el funcionario que busca reelegirse.

De hecho, es la intención de la aprobación y el espíritu de la reelección aprobada en el 2014, de la cual se insistió durante mucho tiempo antes, la posibilidad de que los legisladores se sometan a la ratificación del voto si es que hicieron una buena gestión o la negativa de que continúen en el cargo que les pueda dar el electorado.

Durante muchos años, la opinión del electorado era la que menos contaba porque, en el PRI, los legisladores eran seleccionados por el presidente o los gobernadores. Cuando el PRD y el PAN comenzaron a tener fuerza, eran las corrientes o los grupos los que designaban a los candidatos, así que a quienes trataban de complacer los legisladores eran a quienes les debían el cargo, pero no al electorado.

Giovanni Sartori preguntaba al respecto cuál era la sanción más temida, ¿la del electorado, la del aparato del partido o la de terceros grupos de apoyo? En este caso, se ha pasado por las del aparato de partido y por los líderes de facto de las organizaciones políticas, pero apenas se va a conocer la sanción del electorado, que, aún con las ventajas que tenga quien busca reelegirse, al final tendrá que buscar que se ratifique el voto a favor que lo colocó en el cargo por primera vez.

El escándalo desatado al final de cuentas sobre las reglas electorales de reelección no son solamente las características, sino también el modo y el momento en las que se hicieron. Aprovechar la contigencia por el COVID- 19 y la ausencia de la fracción opositora hizo ver a la fracción dominante como unos viles oportunistas; sin embargo, a pesar de las ventajas y privilegios que puedan tener, al final de cuentas, quien tendrá la última decisión para que estos legisladores continúen en el cargo será la ciudadanía a través del voto, si desean que sigan o no.

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