Seis años de los 43

Seis años de los 43

Comparte con tus amigos










Submit

En estos días se cumplirán seis años de los terribles acontecimientos en los que desaparecieron en Iguala 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en Ayotzinapa, municipio de Tixtla. La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre forman ya parte de la historia universal de la infamia en la que heridos, muertos y desaparecidos, al parecer, van a continuar exigiendo justicia, que hasta el momento ha sido negada.

 

Las exigencias por esclarecer el caso de Iguala han formado parte de un repertorio de acciones de protesta, algunas violentas, otras no, pero con el mismo resultado: solo la promesa de llegar a una verdad. Dos presidentes y tres gobernadores han pasado por el país y por el estado y el asunto continúa prácticamente en las mismas.

 

Los hechos ocurridos en Iguala durante la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014 son resultado de un cúmulo de impunidades previas, historia de complicidades, enredando y haciendo una maraña, que a cada paso se encuentra un nudo difícil de desatar. En fin, como se dice, se hizo coca la reata.

 

La responsabilidad no es solo del Estado, sino del poder corruptor del narcotráfico para comprar y amenazar a todo lo que se le pueda oponer. La plata o el plomo, tanto para comprar candidaturas y llegar a cargos de representación y de decisión en varios niveles. En esta historia se han conocido los casos de Rogaciano Alba Álvarez, quien fuera alcalde de Petatlán y encarcelado por encabezar un grupo delictivo. Lo mismo quien fuera presidente municipal de Iguala durante el ataque a los normalistas, José Luis Abarca, también preso por ligas con el narcotráfico y los grupos responsables de la agresión.

 

En Guerrero son los más conocidos y comprobados casos de ligas entre autoridades municipales y cárteles del narcotráfico; en otras entidades ha ocurrido lo mismo con los gobernadores.

 

La presencia de dinero sucio en las campañas electorales se ha acrecentado en los últimos años y esto ha contribuido a enrarecer más una actividad democrática que por naturaleza debe ser transparente y abierta.

 

Hechos como el de Iguala nunca deberían o debieron ocurrir; sin embargo, es más fácil que se repitan a que dejen de suceder. En el país se han dado otros hechos de violencia con muertos, algunos más o algunos menos, pero las masacres se han dado con los cárteles como principales responsables de esos hechos de sangre.

 

En los últimos veinte años, en el país han gobernado tres partidos políticos, dos partidos más que desde la formación del PRI, de 1929 hasta el 2000. Entre el 2000 y el 2020 han asumido el Poder Ejecutivo presidentes postulados por el PAN, el PRI y ahora Morena y todavía no se mira claro qué y cuál es la solución para resolver el tema de los grupos delictivos que controlan territorios completos bajo una coerción más efectiva que el Estado, que según tiene el monopolio de la violencia, de acuerdo con el viejo concepto de Max Weber.

 

A Felipe Calderón se le acusa por su presunta irresponsabilidad de abrir la guerra contra el narcotráfico; a Andrés Manuel López Obrador se le acusa de mantener una política de dejar hacer, dejar pasar, pero, ¿cuál es la decisión correcta? Ambas posiciones han tenido diferentes resultados en algunos casos, pero las masacres continúan.

 

El qué hacer no ha sido definido con claridad ni precisión para resolver un problema que sigue creciendo con complicidad, por omisión o comisión del Estado, pero también por la falta de una política de amplio espectro que ataque por todos los frentes a los cárteles que no tienen ninguna contención.

 

Y es en ese contexto en el que ocurren las investigaciones sobre lo que ocurrió en Iguala hace seis años.

Comparte con tus amigos










Submit