Tercera semana de plantón en el Conafe

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Han propuesto un diálogo con el delegado del Gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, pero no se ha concretado


CHILPANCINGO.- Por tercera semana consecutiva, la Delegación Guerrero del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) tendrá sus instalaciones tomadas por parte trabajadores que aseguran que fueron despedidos de manera injustificada y quienes reclaman al gobierno de Andrés Manuel López Obrador respeto a sus derechos laborales.

Durante la noche del martes 30 de abril, en la víspera del Día del Trabajo, se difundió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había enviado un memorándum a las delegaciones del Gobierno federal donde les informaban sobre un decreto presidencial para despedir a los trabajadores de confianza que fueron contratados el 1 de diciembre pasado, cuando López Obrador asumió el cargo como presidente de la República.

Para el viernes 3 de mayo, citaron a 37 empleados en las oficinas del Conafe, donde les notificaron que por ese decreto presidencial habían perdido su trabajo sin darles más explicaciones. Ante eso, los trabajadores tomaron las instalaciones desde el 6 de mayo. Ámbar Yamel Casiano Ramírez, representante del personal despedido, denunció que en todo el país retiraron a 500 trabajadores y solamente les leyeron el comunicado de la SHCP.

“Es una injusticia laboral, por eso nos estamos manifestando de manera pacífica”, expresó. Aseveró que la decisión afecta los derechos laborales de 37 empleados del Conafe que tienen entre 10 y 20 años laborando en dicha delegación y era mentira que fuera personal contratado apenas el 1 de diciembre. Reiteró que como trabajadores están exigiendo “basificación y homologación de salarios”.

“Hemos venido sufriendo atropellos, ya que nos dan trato de trabajadores eventuales por las funciones que desarrollamos”, agregó Ámbar Yamel Casiano, quien lamentó que esa decisión se haya tomado a un par de meses de la conclusión del ciclo escolar.

“Se verían afectados los trabajadores con cargas administrativas, de control escolar, el proceso de certificación de alumnos de preescolar, primaria y secundaria”, señaló. También manifestó que no comparten el argumento de que la SHCP no cuenta con suficiencia presupuestal.

“Tenemos antigüedades de entre 10 años y 20 años, por lo cual nos parecen claras violaciones a nuestros derechos laborales”, manifestó. Aclaró que no aceptarán una liquidación por parte del Gobierno federal.

“Lo que exigimos es respeto a nuestros derechos laborales, ya que desempeñamos nuestra labor de manera decente y correcta”, compartió. Por último, añadió que se ha ofrecido un diálogo con el delegado del Gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, pero no se ha concretado. De los 37 trabajadores despedidos, 21 son madres de familia. (IRZA)

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