Una salida decorosa

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La afortunada conclusión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México significaría una generosa fuente de riqueza y de bienestar para la nación. Su absurda e ilegítima cancelación ha dañado y dañará patrimonialmente a varias generaciones de mexicanos si no se pierde de vista que su existencia podría implicar hasta el 1.5% del PIB. Basta con hacer este siguiente cálculo para entender la importancia de dicha central aérea en el desarrollo económico de México: si una vez concluida la obra faraónica, ésta sería utilizada por 80 millones de pasajeros que producirían, en promedio, una derrama de mil dólares por persona, o sea un gasto de 80,000 millones de dólares anuales y a esta cifra se suma el importe de la carga valuada en otro tanto, entonces estaríamos hablando de transacciones totales de entre 140 y 160,000 millones de dólares. Una generosísima cantidad que se traduciría en empleos, en la contratación de bienes y servicios, en la compraventa de diversos artículos comerciales de consumo interno o internacional y en una colosal recaudación tributaria benéfica para el gobierno y para la sociedad.

A la fecha permanecen enterrados en el NAICM, al menos 75,000 millones de pesos, una cifra escandalosa en un país con 50 millones de compatriotas sepultados en la pobreza. Dicha inversión jamás se recuperará si todavía se insiste en inundar las instalaciones y destruirlas para siempre. A lo anterior, habría que sumar 220,000 millones de pesos que tendrían que invertirse en Santa Lucía, sin perder de vista que es más o menos la cantidad que se requeriría para concluir el de Texcoco. Al respecto debe agregarse que Santa Lucía carece de la certificación que jamás emitirá Mitre, la autoridad aeroportuaria internacional que ya ha advertido la imposibilidad de utilizar Santa Lucía por los riesgos que implica el tráfico aéreo, entre otras objeciones. A lo anterior, debe agregarse la existencia de más de 100 amparos promovidos en contra de dicho aeropuerto, hoy en día utilizado por la fuerza aérea mexicana. Por si fuera poco el gobierno todavía deuda 4,000 millones de dólares a los tenedores de bonos que tarde o temprano tendrá que pagar, enormes recursos que habrá de tirar a la basura sin ninguna ventaja económica para México. Resulta imposible dejar en el tintero el costo de remodelación de las actuales terminales de Texcoco, cuyo monto se desconoce.

¿Solución decorosa? Salir a subastar el NAICM al mejor postor, de esta suerte el gobierno federal ya no tendrá que invertir en Santa Lucía, proyecto que nacería muerto. Los inversionistas nacionales y extranjeros absorberían y liquidarían los 4000 millones de dólares sin malversaciones de los recursos públicos. Una vez concluida la obra se procedería a la amortización de la inversión dentro de un plazo preestablecido, en el entendido que el NAICM, con el paso del tiempo, pasaría a ser propiedad del gobierno federal que lo explotaría para el beneficio colectivo. Por si fuera poco, no se violentaría el orden jurídico al tratar de desconocer la procedencia de los amparos mediante mecanismos autoritarios y arbitrarios que todavía no han sido revelados. Además se mejoraría sustancialmente la imagen exterior de México y se restablecería la confianza doméstica en la actual administración con sus debidas ventajas sociales, políticas y económicas.

¿Resumen? El presidente salvaría la fachada al declarar su obligación constitucional de someterse a las resoluciones impuestas por el Poder Judicial; la sociedad agraviada se desistiría de los 100 amparos interpuestos. AMLO concluirá sin complejos una obra iniciada por su antecesor, explotaría una generosa fuente de riqueza y de bienestar para la nación, impulsaría el PIB hasta el 1.5%, se llevarían a cabo transacciones por 160,000 millones de dólares, se crearían 500,000 empleos, se dispararía la recaudación tributaria, se recuperarían con el tiempo los 75,000 millones de pesos ya invertidos en el NAICM, se dejarían de gastar 220,000 millones de pesos en Santa Lucía, un aeropuerto sin la certificación de Mitre. Los inversionistas liquidarían los 4,000 millones de dólares a los tenedores de bonos sin daño adicional a las finanzas públicas y sin ser necesaria la costosa remodelación de las actuales terminales de Texcoco, reparándose la certeza jurídica e institucional de México.

He ahí una salida decorosa para el presidente, quien supuestamente desea el bienestar de México.

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